Seguridad
Videoanalítica responsable: seguridad urbana sin identificación biométrica
Por Equilia AI ·
La videovigilancia municipal se enfrenta a una paradoja. Los centros de control reciben más imágenes de las que pueden revisar y, al mismo tiempo, los ciudadanos esperan con razón que la tecnología no se convierta en una herramienta para identificarlos y seguirlos. Una analítica de vídeo bien diseñada resuelve lo primero sin renunciar a lo segundo.
Demasiadas imágenes, poca atención
Un operador solo puede vigilar un número limitado de pantallas. En la práctica, muchos incidentes se detectan tarde o solo cuando alguien los denuncia, aunque una cámara los haya grabado desde el primer momento.
La analítica de vídeo cambia el papel de la cámara: deja de ser un archivo que se consulta después y pasa a ser una señal que avisa cuando ocurre algo relevante.
Qué se puede detectar sin identificar a nadie
La mayoría de las situaciones que interesan a un servicio de seguridad municipal no requieren saber quién es nadie:
- Incidentes en la vía pública, como accidentes, vehículos detenidos en lugares peligrosos u objetos abandonados.
- Niveles de afluencia en eventos o zonas concurridas, estimados de forma agregada, para avisar cuando la ocupación se acerca a niveles de riesgo.
- Accesos indebidos a instalaciones municipales, como depósitos, almacenes o edificios fuera de horario.
En todos estos casos el sistema trabaja con eventos y cifras agregadas, no con identidades. Y en todos ellos genera una alerta para revisión humana: es un operador quien decide la respuesta.
Lo que dice la normativa
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento (UE) 2024/1689) prohíbe desde el 2 de febrero de 2025 varias prácticas relacionadas con la biometría. Entre ellas, el uso de sistemas de identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público con fines de garantía del cumplimiento del Derecho, salvo excepciones muy acotadas que exigen autorización previa (artículo 5). También prohíbe crear o ampliar bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes de internet o de circuitos cerrados de televisión.
El Reglamento General de Protección de Datos considera los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona como una categoría especial de datos (artículo 9), y exige una evaluación de impacto cuando se observa de forma sistemática y a gran escala una zona de acceso público (artículo 35).
En España, además, la captación de imágenes en lugares públicos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está regulada por la Ley Orgánica 4/1997. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisan, cada una en su ámbito, el uso de estas tecnologías.
La conclusión práctica es sencilla: un sistema que no identifica a las personas queda fuera, por diseño, de los usos más restringidos por la normativa. No exime de cumplir el resto de obligaciones, pero parte de una base mucho más sólida.
Cómo lo aplicamos en Surveillance AI
Surveillance AI es una de las tres soluciones que Equilia tiene hoy en funcionamiento, y se ha diseñado con estos principios:
- Sin identificación biométrica por defecto: el sistema detecta situaciones, no personas concretas.
- Supervisión humana en cada decisión: las detecciones son alertas para un operador, no actuaciones automáticas.
- Registro auditado de eventos, para saber qué se detectó, cuándo y qué se hizo.
- Analítica de afluencia agregada, sin seguimiento individual.
- Datos municipales bajo el control del ayuntamiento.
Puede funcionar con las cámaras que el municipio ya tiene o con equipamiento nuevo de nuestra red de fabricantes. Y sus detecciones pueden alimentar otros servicios: un posible accidente puede activar la gestión del tráfico y la información a los ciudadanos en una misma respuesta coordinada.
Cinco preguntas antes de contratar un sistema de videoanalítica
- ¿El sistema identifica, o puede identificar, a personas? Si es así, ¿con qué base legal y con qué autorización?
- ¿Quién revisa cada alerta antes de actuar, y queda registrado?
- ¿Cuánto tiempo se conservan las imágenes y los eventos, y quién puede consultarlos?
- ¿Dónde se almacenan y procesan los datos, y quién tiene acceso a ellos?
- ¿Se ha realizado la evaluación de impacto en protección de datos, y colabora el proveedor en ella?
Un buen proveedor debería poder responder a todas ellas por escrito.